Han estado en boca de todos los partidos políticos en las pasadas elecciones municipales: que si hay que integrarlos al sistema, que si hay que echarlos, que si hay que condicionar más lugares para poder acogerlos… Estos que si hace falta han quedado olvidados en plena resaca electoral, donde los políticos tienen la mente convertida en una calculadora de pactos y los MENA, menores inmigrantes no acompañados, no suman. Una promesa más que se diluye.
Cada semana huyen del sistema de acogida unos 18 MENA, a los cuales la Generalitat no sabe ni controlar ni ofrecer una salida. A pesar de que algunos vuelven a los centros de acogida, 4 de cada 18 no lo hacen nunca y forman parte del paisaje urbano que se viralitza a las redes: menores enganchados a una bolsa de pegamento, peleas a cuchilladas en el Raval, chicos durmiendo en Montjuic en un campamento ilegal o incluso jóvenes okupas que son capaces de hacer subir los colores a la Guardia Urbana ocupando un piso delante de una comisaría.
La Generalitat y la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) están desbordados y no saben qué hacer con los MENA que hay en Cataluña, en especial en Barcelona, ni tampoco como hacer frente al alud de los 5.500 que se prevé que llegarán a la ciudad antes del verano. "Tienen pocos recursos y destinan menos todavía", asegura Albert Parés, abogado de Noves Vies, colectivo especializado en la representación de estos menores. "No pueden dormir ni en los juzgados ni en las comisarías de los Mossos, esto es ilegal y vulnera sus derechos. Hace falta una política efectiva y real que acompañe estos menores y les dé una oportunidad. Ven Europa como la manera de salir de la pobreza e incluso de la muerte, pero ¿alguien piensa que quieren vivir en una barraca hecha con cuatro cañas y un plástico? Es absurdo", afirma.
La Generalitat anuncia la construcción de nuevos centros en la Zona franca y en Rubí, y pretende aumentar en más de un 200% las plazas previstas, hasta llegar casi a 5.000. Buenas intenciones que topan con la realidad que explican desde los sindicatos. Fuentes de UGT aseguran que los centros actuales están sobresaturados y desde la Mesa del Tercer Sector se reclaman los 40 millones de euros que todavía les debe de la Generalitat, deuda que ahoga la gestión de los centros.
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