La Intervención General del Estado (IGAE) está preparando un informe sobre la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por parte de Carles Puigdemont durante su etapa como alcalde de Girona (2011-2016), según ha publicado El Confidencial este fin de semana.
La investigación se centra en la compra por 3,9 millones de euros de la colección de arte del crítico Santos Torroella, una operación supuestamente irregular a la que se sospecha que el consistorio habría destinado fondos del contrato municipal del agua.
La novedad más destacada que señala esta información no es el caso en si, del que se sabía que Hacienda elaboró un informe que confirmaba irregularidades denunciados por la CUP en la querella que esta formación presentó en 2016. Fuentes del caso citadas por El Confidencial apuntan que la IGAE atribuye a Puigdemont prevaricación y malversación, tipos penales por los que Bélgica no podría denegar la entrega del expresidente catalán y líder de JxCat a las autoridades españolas.
Además, esta información plantea que, a raíz del asunto de la colección de arte, el Juzgado de Instrucción número 2 de Girona podría pedir la extradición de Puigdemont y que al llegar el expresidente catalán en España también podría ser nuevamente acusado de los delitos de rebelión y malversación que se le imputaban en el marco de la causa sobre el proceso.
