Las comparecencias en la Audiencia Nacional de dos personas de confianza del expresidente catalán Jordi Pujol, Lluís Prenafeta y Joan Anton Sánchez Carreté, no han aportado luz sobre la supuesta comisión de 8,5 millones de pesetas presuntamente cobrada por Jordi Pujol Ferrusola en 1991.
En sus declaraciones como testigos, ambos han indicado que no tenían conocimiento de que el primogénito del expresidente Pujol hubiera obtenido aquel importe procedente de la venta de la sede social del Consorcio Nacional de Leasing, predecesora de Grand Tibidabo, a la Generalitat de Cataluña.
Prenafeta, que fue secretario de la Presidencia (1980-1990) y fue condenado por el caso Pretoria, y Sánchez Carreté, que fue asesor fiscal de los Pujol Ferrusola, han dicho que no sabían nada del cobro, un movimiento de dinero que se produjo cinco días después de la operación de la emprendida antecesora de Grand Tibidabo, la cual fue investigada por malversación.
El juez del caso Pujol, José de la Mata, sospecha que unos importes ingresados por Jordi Pujol Ferrusola en Andorra y por una sociedad vinculada con Sánchez Carreté proceden de comisiones por la venta de la sede social del Consorcio Nacional de Leasing a la Generalitat.
El asunto por el que han atestiguado Prenafeta y Sánchez Carreté este lunes ya fue objeto de investigación, y el financiero Javier de la Rosa fue condenado en 2008 por la descapitalización de Grand Tibidabo.
