A las muchas sensaciones y desagravios ante la justicia y también entre el cuerpo mediático más hostil acumulados por la familia y en el entorno a Sandro Rosell se ha sumado ahora la reacción a la noticia de una investigación judicial contra el expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart derivada de una querella por presunta estafa de 16 millones de euros.
Según ha trascendido, Joan Gaspart y sus hijos, responsables de la gestión del grupo HUSA y Banquetes Unidos, empresas relacionadas con la hostelería y la restauración, tienen que declarar ante el juez para explicar por qué acumularon una deuda de más de 15 millones a la Seguridad Social durante el tiempo que dirigieron el hotel Rey Juan Carlos I (ahora cadena Fairmont) y el Palacio Internacional de Congresos de Cataluña bajo la propiedad del príncipe saudí Turki Bin Nasser.
Según la querella, presentada por presunta estafa y ocultación dolosa, el expresidente del FC Barcelona escondió en Barcelona Project's SA esta deuda y además pusieron al Palacio de Congresos -también propiedad del empresario saudí- como garantía de un préstamo de 1,6 millones de euros sin consentimiento de sus propietarios como explicó el bufete Amparo Legal en nombre del querellante.
Sin embargo, a pesar de los antecedentes empresariales de Joan Gaspart, que ha capitaneado la ruina del Grupo HUSA, tan sólidamente heredado de su padre, convirtiendo los impagos y la frivolidad financiera en un arte de supervivencia y de picaresca en los negocios, la reacción de la prensa ha sido la de sofocar la acusación de un caso de dimensiones y gravedad económica que no son diferentes del que ha implicado a Sandro Rosell, encarcelado desde hace un año y siete meses preventivamente por un presunto delito económico en el cual no concurre además, ninguna acusación de las partes en principio perjudicadas en la trama acusatòria relatada por la Audiencia Nacional.
Para los abogados de Rosell no existe en realidad ningún precedente de actuación judicial tan desproporcionada en cuanto al castigo preventivo y medidas cautelares aplicados en relación a los escasos indicios que sostienen la causa ni, por supuesto, comparada con la generalidad de las actuaciones judiciales en casos similares. En las dos direcciones, mediática y judicial, el impacto de la querella contra Joan Gaspart refuerza la indefensión y el diferente trato recibidos por un presunto delito económico del mismo calado.
A pesar de la conocida y demostrada habilidad de Joan Gaspart para hundir hoteles y negocios a base de retrasar pagos, destruir tesorerías y causar verdaderos estragos patrimoniales, la misma prensa catalana que se ha escandalizado y ha multiplicado el efecto mediático del caso Rosell ha silenciado las repercusiones de la querella contra Joan Gaspart, un empresario del sector turístico que, a pesar de su proverbial mala fama, ha seguido ostentando cargos a la patronal y rodearse de una extraña protección periodística.
Entre sus desastres, naturales en su entorno, hay que incluir también el descalabro económico de su mandato al FC Barcelona (2000-03) evaluado en 100 millones de pérdidas que, convenientemente negociadas con el presidente al cual le tocaba reclamarlas, Joan Laporta, acabaron debajo de la alfombra. Esto, sin olvidar la iniciativa en qué embarcó a la mayoría de los principales empresarios turísticos catalanes en la compra de Spanair, frustrada y ruinosa aventura rematada por Ferran Soriano de la cual Gaspart también salió, como siempre, indemne e incluso con crédito para seguir seduciendo a según qué tipo de inversores como el magnate saudí.
