Ciudadanos (Cs) siempre ha tenido en las denuncias y las querellas una estrategia a mano. Desde que el proceso independentista cogió fuerza, el partido de Albert Rivera e Inés Arrimadas se ha querellado y ha amenazado con hacerlo en numerosas ocasiones, contra miembros de Mesa del Parlament o contra el gobierno de la Generalitat. Desde que Roger Torrent está en la presidencia de la cámara, pero, su estrategia había caído. La línea iniciada por la nueva Mesa se ha caracterizado para llevar las cosas hasta la línea de la legalidad, sin hacer nada que haya podido dar excusas a los guardianes de las esencias para llevar más políticos ante la justicia o que más instituciones acaben cuestionadas judicialmente.
Esto había hecho que Cs se hubiera quedado fuera de juego con esta estrategia. La imagen del portavoz naranja, Carlos Carrizosa, anunciando nuevas denuncias o amenazando con ponerlas había desaparecido de la cotidianidad política catalana. Pero el pacto entre JxCat y ERC para aplicar la suspensión de los diputados independentistas dictada por Pablo Llarena ha hecho rebrotar la llama de la vía judicial en Cs. Desde el partido naranja ya anuncian nuevas denuncias viendo posibles curvas legales con incierto futuro. Y para remachar el clavo, la fórmula pactada ni siquiera es una solución que acabe convenciendo a todo el independentismo.
