El vicepresidente primero del Parlamento de Cataluña, Josep Costa, se ha pegado un tiro en el pie al querer esgrimir la posición de Naciones Unidas sobre el derecho de autodeterminación para nutrir el relato procesista, como han destacado algunos usuarios de Twitter.
Costa, en concreto, ha piado que la relación entre el "a por ellos" y el derecho de autodeterminación es que "según la ONU, un estado sólo tiene derecho a su unidad política en la medida que trate a todos los ciudadanos con igualdad de consideración y respeto". En este tuit también adjuntaba el párrafo de una resolución, donde se menciona específicamente a "pueblos sometidos a dominación colonial u otras formas de dominación u ocupación extranjeras", y un usuario enseguida ha replicado que, en realidad, Costa estaba reconociendo que el derecho de autodeterminación no es aplicable al caso de Cataluña y España.
Por otro lado, en una reciente entrevista en TV3, el vicepresidente primero del Parlamento catalán ha afirmado que le da "más miedo que me inhabilite la gente que me ha votado que que lo haga un juez". Esta afirmación ha causado una reacción entusiasta de la consejera de Cultura, Laura Borràs: "Soy taaaaaaan fan de mi querido amigo Josep Costa, que no lo puedo ser más. ¡Orgullo de war room Quim Torra y Francesc de Dalmases!".
Irónicamente, el propio Costa que dice teme fallar al votante más que ser inhabilitado por un juez era suplente de la Sindicatura Electoral del 1-O, clave en la supervisión de la consulta, según la ley del referéndum aprobada por la mayoría parlamentaria indepe y posteriormente suspendida y declarada inconstitucional.
Aquella Sindicatura fue disuelta por el gobierno catalán ante la amenaza de multa por parte del Tribunal Constitucional de 12.000 euros diarios para cada uno de los siete integrantes (incluidos los suplentes). El ejecutivo de Carles Puigdemont, de hecho, pidió a los síndicos que cedieran el testigo sobre la observación del 1-O a entes públicos, académicos e internacionales, y estos lo hicieron.
Josep Costa llegó a dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para denunciar "una ruptura completa del estado de derecho en España para parar el referéndum de Cataluña", así como, según argumentaba, el hecho de haber sido sancionado antes de ser escuchado y de recibir una notificación para advertirle de que tenía que dejar su actividad a la Sindicatura.
