El Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein, que ha aceptado entregar al ex-presidente de la Generalitat Carles Puigdemont a España para que sea juzgado por la presunta comisión de un delito de malversación, pero no por rebelión, incluye en su resolución más de una consideración incómoda para el relato del procesismo.
Además de negar la existencia de una persecución política contra Puigdemont en España, la resolución de la justicia alemana destapa el valor que atribuyó el ex-presidente de la Generalitat a la votación del 1-O, considerada el tótem del independentismo procesista.
En concreto, cuando el Tribunal de Schleswig-Holstein explica que no aprecia «que la mera celebración del referéndum -por más que fuera anticonstitucional- conllevara de modo necesario la secesión», ni significara la anulación de toda la legalidad española en Cataluña, indica que «es posible que algunos colaboradores del reclamado [Puigdemont] vieran en ello una fase intermedia necesaria para obtener la independencia plena».
Pero, seguidamente, apunta sobre el ex-presidente que «el reclamado afirma que, a su entender, la celebración del referéndum sólo sería un paso previo para la realización de negociaciones». La intención del gobierno catalán de arrastrar al gobierno español a una negociación, mientras sostenía públicamente que proclamaría la independencia unilateral si se imponía el sí en un referéndum es, de hecho, el doble discurso que corresponsales extranjeros, principalmente, han detectado en la Generalitat durante los años del proceso.
El tribunal alemán se vuelve a referir a ello cuando afirma que el propósito del ex-presidente no era impedir el trabajo de la policía nacional, «sino únicamente permitir la participación del máximo número posible de votantes en un referéndum que, como ya se ha comentado, debía tener únicamente carácter de preparativo para posteriores negociaciones políticas«.
