Después de que la justicia alemana haya decidido extraditar al expresidente Carles Puigdemont, pero sólo por el delito de malversación y no por rebelión, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, se toma hasta lunes para resolver qué hacer con la polémica extradición.
La decisión alemana supone que mientras los políticos encarcelados se enfrentan a penas que pueden llegar a los 30 años de prisión, quien fue presidente de la Generalitat, sólo se enfrentaría a un máximo de ocho años.
Así, ahora el juez Llarena se enfrenta a una difícil decisión: o aceptar la extradición por el delito de malversación y, por lo tanto, crear un agravio comparativo, o volver a renunciar a la extradición, con el desgaste que esto implicaría.
Por otro lado, ante el primer revés alemán, cuando el Tribunal de Schleswig-Holstein plasmó en una acta inicial que no veía suficiente violencia para entender que la rebelión imputada fuera equiparable a su delito de alta traición, el Supremo anunció que estudiaba dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para plantear una cuestión prejudicial en relación con las euroordres.
Acudir al TJUE supondría dejar en suspenso la entrega de Puigdemont hasta que se pronunciara el tribunal de Luxemburgo, lo que en la práctica implicaría aplazar la respuesta a Alemania sobre si se acepta o no la entrega.
