La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha iniciado este martes una macrooperación contra una trama que habría amañado supuestamente adjudicaciones públicas para favorecer al grupo Sacyr.
La operación podría afectar a más de 40 ciudades de todo España, entre las cuales hay los municipios catalanes de Lleida, Mollet del Vallès, Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubí o Tiana.
Los ayuntamientos presuntamente afectados están gobernados por el PSOE/PSC, el PP y Ciudadanos (Cs), según ha avanzado El Confidencial. Entre los detenidos, hasta ahora, se encontraría Sadat Madaña, asesor de Ciudadanos en la Diputación de León y uno de los cargos del partido naranja con más peso en esta província.
En 2016, Madaña tuvo que renunciar al cargo de coordinador provincial Cs por la publicación de varios tuits de contenido machista y descubrirse que había incluido en su currículum una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas que no tenía.
También se ha detenido al empresario de Castilla-León, José Luis Ulibarri, propietario de la constructora Begar e imputado ya por su implicación en la trama Gürtel.
La operación Enredadera, nombre que ha recibido esta macrooperación, investiga una supuesta concesión irregular de contratos a la empresa Aplicaciones Gespol SL, firma con sede en Barcelona que fue adquirida por el grupo Sacyr en octubre de 2016, dedicada al desarrollo de aplicaciones informáticas para la gestión de bases de datos de policías municipales, el control inteligente del tráfico rodado (semáforos) y la colocación de radares, entre otros servicios.
La UDEF investiga si la compañía habría conseguido adjudicaciones mediante la presunta manipulación de concursos públicos a cambio de comisiones. Para lo cual, habría contado con la connivencia de alcaldes, regidores, policías municipales y otros funcionarios de consistorios.
Los hechos que se investigan podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, soborno, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.
