El Tribunal de los Pueblos (TPP) sobre la violación con impunidad de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas ha celebrado una audiencia los días 29 y 30 de junio y 1 de julio, en Barcelona. Los actos relacionados con esta audiencia ciudadana comenzaron con la proyección de documental Mi piel, que recoge las vivencias de ocho mujeres que viven ahora entre nosotros y que han experimentado el proceso migratorio en primera persona.
Un centenar de personas no podrán contar sus vivencias en este proceso porque murieron ahogadas frente a las costas de Libia, cuando intentaban cruzar el Mediterráneo en una patera, la víspera del inicio de las sesiones del TPP. Esa misma semana, el Consejo Europeo daba por buena la política italiana de poner obstáculos a las acciones de las ONGs que rescatan migrantes a la deriva. Los dirigentes de los países de la Unión Europea consideran que se debe dejar en manos de los guardacostas libios la suerte de las personas que quieren cruzar el mar camino de Europa desde las costas de este país.
El barco Open Arms entró en aguas territoriales libias, el sábado, para rescatar a unas sesenta personas que viajaban en una lancha precaria. Lo primero que oyeron los voluntarios del barco de la ONG Proactiva Open Arms, cuando se acercaron a la patera, fue que sus ocupantes no querían volver a Libia. Un buque de este país observó la acción del Open Arms, pero no interfirió en ella, como había pasado en ocasiones anteriores.
Los gobiernos de Italia y Malta dijeron que no dejarían que las personas rescatadas fueran desembarcadas en sus países. El Ayuntamiento de Barcelona se ha ofrecido a acogerlas y el gobierno español ha dado su visto bueno. Está previsto que este miércoles estas sesenta personas lleguen a la capital catalana.
Si la diplomacia europea no se comportara como lo está haciendo, probablemente las cien personas que murieron la madrugada del jueves 28 de junio estarían vivas. También los tres bebés que había entre ellas. En los seis meses que llevamos de 2018 han muerto ahogadas más de mil personas en el Mediterráneo.
Las condenas del Tribunal de los Pueblos son éticas. Nadie irá a la cárcel por su responsabilidad en esas muertes. No hay una jurisdicción internacional competente en estos casos. Es chocante que la sede del Secretariado del TPP esté en Roma, capital de un país que ha entregado el ministerio del Interior a un xenófobo declarado y orgulloso de serlo.
La solución a esta tragedia inacabable es que ciudadanos y gobernantes entiendan que «mi piel», la piel de las refugiadas y migrantes, es también «su piel», «nuestra piel».
