La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha iniciado este jueves un macrooperativo centrado en un supuesto desvío de fondos públicos, que incluye registros en varias localidades, entre ellas Barcelona, Girona, Tarragona y Reus. En concreto, los investigadores persiguen un presunto fraude generalizado en la concesión de subvenciones a programas de cooperación y ayuda al desarrollo con el que sospechan que se pueden haber canalizado fondos públicos al proceso independentista.
En el marco de este dispositivo, bautizado operación Estela, se prevén una treintena de detenciones. Fuentes de la investigación citadas por El País señalan que varias personas detenidas son «muy cercanas a Quim Torra«, el nuevo presidente de la Generalitat, pero la detención del diputado de Junts per Cataluña Francesc de Dalmases ha sido desmentida tanto por él como por el director de comunicación del gobierno catalán, Jaume Clotet.
En cualquier caso, los investigadores lo vinculan con el supuesto fraude y un socio del diputado, Victor Terradellas, ha sido detenido. De Dalmases es miembro de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y de la Asociación IGMAN, así como director de la Fundación CATmón. La UDEF ha detectado anomalías en los movimientos de dinero entre cuentas bancarias de IGMAN, CATMón y la sociedad Discatimat SL, del propio De Dalmases y de Terradellas.
Las detenciones, ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, están motivadas por la presunta comisión de delitos de malversación de fondos públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones, entre otros.
Unos 500 efectivos policiales participan en el dispositivo, que ha sido desplegado en organismos, fundaciones, domicilios particulares y dependencias de la Generalidad de Cataluña. Entre los supuestos destinatarios del desvío de fondos estarían los Comités de Defensa de la República (CDR), la ANC y Òmnium Cultural, ha publicado La Vanguardia.
Según El Confidencial, los investigadores han acreditado un fraude de 2 millones de euros, pero prevén que la cifra será muy superior cuando hayan terminado sus indagaciones. De hecho, El País publica que los efectivos policiales buscan documentación sobre un desvío de 10 millones de euros de fondos públicos que debían destinarse a programas de cooperación y ayuda al desarrollo. El mismo diario añade que, hasta ahora, sólo se ha determinado el movimiento de fondos a las cuentas de los investigados, aunque se sospecha que terminaron financiando el proceso y, en particular, el referéndum del 1-O.
Uno de los registros tiene lugar en la Diputación de Barcelona, que preside la alcaldesa de Sant Cugat del Vallès y dirigente del PDECat Mercè Conesa, quien se ha mostrado sorprendida y ha declarado en RAC1 que no ve ningún motivo para ser detenida, y ha asociado el operativo a una maniobra mediática para ensuciar la reputación de las instituciones catalanas.
