Quienes divinizan la propiedad tienen tendencia, claro, a apropiarse de todo lo ajeno, en beneficio propio. No solo de lo tangible. También de las instituciones, el espacio público, la historia, los símbolos y hasta del mismísimo pueblo. Pasen y vean el Procés y podrán verificarlo.
Es ya tópica la inconmensurable querencia por el dinero de que han venido dando pruebas durante años las élites catalanas ligadas, por una y mil componendas, a Convergencia i Unió, y adláteres. Para comprobarlo, pueden darse una vuelta por las 500 páginas de noticias de corrupción que, en su defensa, ha recopilado Gemma Galdon para hacer frente a la querella penal y la demanda civil que contra ella interpuso el gobierno de Carlos Puigdemont. «Nos gobiernan delincuentes, tenemos delincuentes en el Palau de la Generalitat», había dicho Galdón en una emisora de radio.
Genera mucha alarma social y ríos de tinta, el compulsivo afán por sustraer y atesorar pasta, de quienes Miquel Sellarés, uno de los fundadores de Convergencia y primer director de los Mossos, calificó como el «sector negocios», del partido. El parné, ya se sabe, es algo muy serio, sobre todo para la que gente que carece de él. Es decir, casi todos. Pero, digamos, moralmente tan innombrable es, por ejemplo, afirmar sin ningún rubor, «que este país será siempre nuestro». Cosa que hizo, no hace mucho, Ernest Maragall, diputado por Esquerra Republicana de Catalunya, desde la tribuna del Parlament. ¿De quién?, cabría preguntar. ¿De los catalanes? ¿De todos los catalanes? ¿De los nacionalistas? ¿De los procesistas?… En cualquier caso, en este campo de la propiedad patriótica llueve tanto sobre sobre mojado que hasta ha dejado de ser noticia. Recuerden las palabras de Marta Ferrusola, a propósito del tripartito: «Es como cuando entras en casa y te han reventado los armarios. Nos lo robaron» (Cree el ladrón que todos son de su condición).
Resulta especialmente alarmante la tendencia al hurto nacionalista en el campo social, a través, por ejemplo, de organizaciones privadas, que sin ningún mandato o control democrático se erigen en representantes de la ciudadanía, hasta el punto de considerarse legitimadas para intervenir en los asuntos públicos. ¿No es acaso robar el intento de desviar el sentido de las manifestaciones contra el atentado de Barcelona? Y así, una y mil veces. Desde el 8 de marzo hasta el 1 de mayo. Desde el movimiento sindical y el feminismo hasta los castellers. No con ánimo, claro, de contribuir a la promoción de los fines propios de los movimientos sociales, sino para alinearlos con la causa, para hacerles formar parte de la sagrada comunión, para engordar la empresa independentista.
Y así sucesivamente, hasta copar el espacio público. Iconizando todo el territorio, incluidas muchas iglesias, a base de esteladas, inundando de amarillo mobiliario urbano, pasos de peatones, solapas… Y lo que resulta más pegajoso e insoportable, incrustándolo en la psiquis de la gente. Unos por activa, para publicitar el empeño; otros, por pasiva, por tener que tragar mañana, tarde y noche con la cosa. Algo que se sitúa en las antípodas de la democracia (también apropiada por el Procés), que no consiste en que cada uno haga de su capa un sayo sino, sobre todo, en ponerse en el lugar del otro, y actuar en consecuencia.
