El Ministerio de Hacienda ha enviado cinco informes a los juzgados y en ninguno de ellos pueden probar que hubo malversación el 1 de Octubre. Lo avanza este domingo La Vanguardia.
Son informes exhaustivos de la intervención de la Generalitat destinados a buscar si se pagó dinero público por el referéndum.
Del Juzgado de Barcelona que investiga el 1 de Octubre han ido a parar a la mesa del juez Pablo Llarena, que es quien ha encausado por malversación el gobierno de Carles Puigdemont.
El ministro Cristóbal Montoro pidió más de 20 requerimientos a la interventora de la Generalitat, reclamando «nombres, apellidos, DNI, puesto de trabajo de todos los funcionarios» que pudieran haber participado en los pagos, indicando que se tiene que hacer antes de una fecha tope y que en caso contrario se arriesgan a infracciones muy graves.
De momento, pero, no han podido confirmar las pruebas de la Guardia Civil, que cifraron la malversación en 1,6 millones y que mantienen acusados varios miembros del gobierno de Carles Puigdemont y encarcelados preventivamente.
