Después de denegar la extradición de Carles Puigdemont por el delito de rebelión, el tribunal alemán de Schleswig-Holstein ha pedido información complementaría al Tribunal Supremo antes de decidir extraditar al expresidente catalán por el delito de malversación.
Según la resolución hecha por el tribunal alemán no queda claro que Puigdemont haya cometido malversación de caudales públicos al considerar que la orden de detención europea dictada por el juez Pablo Llarena «no contiene una descripción suficiente de las circunstancias en las cuales se produjeron los hechos con la necesaria concreción del supuesto delito que permita asociarlo con claridad a los comportamientos atribuidos al reclamado».
El acta judicial añade que «las disposiciones legales aducidas por las autoridades españolas y la valoración jurídica realizada no permiten reconocer si, de acuerdo con la ley española, el hecho de contraer las obligaciones financieras asociadas al referéndum sin que se hayan realizado pagos efectivos constituiría un acto punible».
El tribunal alemán reconoce, pero, que «no existen, pues, indicios que, entre los actos delictivos que las autoridades españolas imputan al acusado, haya algunos injustamente atribuidos a él con la intención de capturarlo por motivos políticos, y por lo tanto se desestiman las alegaciones de la defensa del acusado en este sentido».
