Llovía mucho. Aún así cientos de personas se reunieron, el sábado 24 de marzo, ante la delegación de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en el paseo de Gracia barcelonés, para reclamar que se devuelva a la asociación humanitaria Proactiva Open Arms el barco con el que rescatan migrantes y refugiados en el Mediterráneo y que se deje en libertad a los tres miembros de la organización retenidos en Italia. El barco rescató a más de 200 personas y las llevó a puerto italiano aunque las autoridades europeas y libias pretendían que las entregaran a los guardacostas de este país. Ahora está confiscado en el puerto de Pozzallo por orden de la Fiscalía de Catania.
Todo el mundo sabe que los migrantes intentan llegar a Italia a través del Mediterráneo tras un terrible periplo por África y que las condiciones de vida en los centros de detención en Libia son inhumanas. Después de que se haya incautado el barco Open Arms sólo queda uno -el Aquarius- dirigido por una ONG; en este caso, Médicos sin Fronteras. Los obstáculos y amenazas que han sufrido las asociaciones humanitarias que habían enviado barcos al Mediterráneo para rescatar personas han provocado que una tras otra hayan ido renunciando a continuar esta tarea.
Los responsables de la Comisión Europea se jactaban hace unos días de que el número de personas que llegaron el año pasado a territorio europeo a través del Mediterráneo se había reducido mucho gracias a los acuerdos firmados con Turquía, Libia y otros países para que ejerzan de muro fronterizo. Han conseguido que ya sean más las personas devueltas a sus países de origen que las que llegan a territorio europeo.
El año pasado, unas 700.000 personas pidieron asilo en Europa. 31.120 lo hicieron en España, según datos de la Comisión Española de Ayuda a los Refugiados. De las peticiones de asilo pendientes en España, sólo el 35% se respondieron con algún tipo de protección económica y humanitaria. El resto se supone que deberían volver a su país. No quieren, claro. Como tampoco lo quieren las 171.635 personas que llegaron con vida a Italia tras ser rescatadas en medio del Mediterráneo por barcos como el Open Arms o el Aquarius.
El año pasado, 3.116 personas murieron ahogadas en esta travesía, según la Organización Internacional de las Migraciones. En los tres meses que llevamos de 2018, ya han perdido la vida un mínimo de 320.
La solución para reducir este número de muertes no puede pasar por alzar aún más los muros de las fronteras o aumentar las dificultades para evitar que estas personas lleguen a Europa o sean rescatadas en alta mar.
Un día creímos que Europa era un modelo de solidaridad y respeto a los derechos humanos. «Salvar vidas no es un delito», gritaban las personas concentradas en Barcelona y en muchas ciudades españolas, el pasado sábado. Los dirigentes europeos deben entender que «salvar vidas» no sólo no es un delito sino que es una obligación. Y pueden hacer mucho más para salvar y dar dignidad a la vida de las personas que quieren vivir entre nosotros que pagar a terceros para que hagan el trabajo sucio de impedírselo.
