El proceso independentista hace años que se lo come todo, en la política catalana. Desde 2012 se hace más que complicado hablar de servicios sociales, de educación, de listas de espera o de infraestructuras. Estos temas sólo saltan a la palestra si detrás hay un agravio del Estado que justifica aumentar el victimismo de los catalanes. Esta realidad es conocida por todo el mundo, y los políticos no independentistas son los primeros a remarcarlo.
Pero la cosa se ha hecho tan evidente que incluso los diputados soberanistas empiezan a pensar que quizás el proceso está ocupando demasiado espacio. Hace sólo unos días, Madrid anunciaba una nueva reducción de impuestos, una modulación en sucesiones y que retocaría los tramos de IRPF.
En el bar del Parlament, el mismo día que el anuncio copaba diarios, dos diputados de JxCat i Esquerra que almorzaban comentaban con lamento que en Cataluña no pueden hacer lo mismo que en Madrid y ganar adeptos o hacer giros ideológicos con los impuestos. «¡Qué gusto poder jugar con los impuestos, tú!», le decía el uno al otro. «Si es que así se ve más la política y la gente lo nota todo más», replicaba el otro. Poco después, pero, volvían a hablar de la investidura, de Bruselas y de la CUP.
