El que fue vicepresidente del gobierno central en el gobierno socialista de Felipe González y después presidente de Catalunya Caixa, Narcís Serra, ha afirmado a la salida de su declaración a la Audiencia Nacional que «he entrado muy tranquilo y salgo todavía más tranquilo».
El expresidente de Catalunya Caixa ha declarado durante una hora y diez minutos ante el juez por un presunto agujero patrimonial de más de 720 millones de euros de la entidad.
Narcís Serra está siendo investigado por el perjuicio causado a la entidad mediante operaciones inmobiliarias supuestamente irregulares entre 2000 y 2013.
Serra llegó a la presidencia de Catalunya Caixa en 2005, diez años después de dejar la política, y después de haber trabajado en el sector privado como consejero de las filiales de Telefónica en Brasil y Chile.
La llegada de Serra a la presidencia de Catalunya Caixa, coincidió con la fusión de Caixa Catalunya, Caja Manresa y Caja Tarragona, entidad que recibió más de 13.200 millones de euros en ayudas públicas.
La Audiencia Nacional investiga ahora una serie de operaciones inmobiliarias hechas entre los años 2000 y 2013 en las cuales Catalunya Caixa entró con una participación de casi el 50% junto con otros socios, y que después instrumentalizó a través de su filial Promotora Cataluña Mediterránea, Procam.
Anticorrupción considera que la dirección de la entidad financiera decidió intervenir en promociones inmobiliarias en España, Polonia y Portugal en las cuales se adquirían terrenos no urbanizables, o incluso afectados por resoluciones legislativas que los calificaban de especial interés, lo cual suponía «un riesgo en la inversión», con lo cual Catalunya Caixa habría comprado inmuebles y cogido «compromisos económicos relevantes» y habría concedido créditos «desproporcionados».
Además de Serra, por la Audiencia Nacional también tienen que declarar los exdirectors generales de Catalunya Caixa, Adolf Todó y José María Pisa, el director general adjunto entre 1998 y 2005, Lluís Gasull, los exdirectius Eduardo Aznar, Joan Valls y Joan Güell, y los antiguos miembros de la comisión ejecutiva Joan Manuel Pla, Josep Alonso, Joan Echániz y Josep Molins.
También tienen que declarar como investigados el exvicepresident de Catalunya Caixa y presidente de Enagás, Antonio Llardén, y Montserrat Robuste, Francisco José Villegas y Josep Maria Alentorn.