Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado investigan el papel de los Comités de Defensa del Referéndum (CDR), reconvertidos en Comités de Defensa de la República, en la organización de los «incidentes de violencia» del 1-O y las «actividades coercitivas» de la huelga general del pasado 8 de noviembre.
El coronel Diego Pérez de Cobos, cargo de la Secretaría de Estado de Interior que coordinó el dispositivo del 1-O, ha remitido un informe al juez de Barcelona que investiga las cargas policiales en que sostiene que las instrucciones que se dieron a los agentes eran «priorizar la seguridad y el uso mínimo y proporcionado de la fuerza», así como llevar a cabo actuaciones «rápidas y puntuales» para requisar las urnas, sin que el «objetivo» fueran los votantes.
El informe, al que ha tenido acceso Efe, revela que la Policía Nacional y la Guardia Civil han investigado las «actuaciones» de los CDR y han remitido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña varios atestados con los indicios de criminalidad que se aprecian en la actividad de estos grupos populares de activistas, creados para mantener la movilización a favor de la independencia.
De Cobos asegura en su escrito que, a pesar de que la actuación policial del 1-O se focalizó en «la retirada e intervención del material de votación, con actuaciones rápidas y puntuales», los agentes tuvieron que usar la fuerza al ser «recibidos con acciones de violencia directa», al llegar o cuando abandonaban el lugar.
En este sentido, el Ministerio sostiene que la intervención policial se produjo en un contexto de «resistencia pasiva organizada», con algunos «incidentes de violencia» y una «actividad de oposición organizada en contra de la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado».
