La Guardia Civil pide al juez investigar las cuentas bancarias y otros productos financieros de cada uno de los ex-altos cargos del ejecutivo de Carles Puigdemont investigados para organizar y preparar el referéndum del 1 de octubre, según avanza La Vanguardia. El instituto Armado busca datos que le permita averiguar si se han malversado fondos públicos para llevar a cabo la hoja de ruta para declarar la independencia de Cataluña.
En el oficio remitido al titular del Juzgado de Instrucción número 13, la Guardia Civil afirma que «se están confeccionando unas diligencias, ampliatorias a su vez a todas las hasta ahora instruidas, enfocadas a determinar qué cantidades efectivas se han empleado para llevar a cabo los actos de preparación y ejecución del referéndum, suspendido y posteriormente anulado, por el pleno del Tribunal Constitucional, pero que cómo es sabido se materializó el pasado 1 de octubre».
Los agentes consideran «necesario» acceder al fichero de titularidades financieras del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) «para conocer cuentas bancarias, cuentas de valores y otros productos bancarios de las personas físicas y jurídicas relacionadas con actividades para la preparación y ejecución del referéndum del 1-O».
Pero los agentes de la Comandancia de Operaciones de Cataluña no piden sólo al juez autorización para entrar en las cuentas de los ex-altos cargos del gobierno catalán involucrados, caso del ex-secretario de Hacienda, Lluis Salvadó, o el ex-secretario general de la consejería de Economía, Josep María Jové, ambos hombres de confianza de Oriol Junqueras, sino también a las de empresas que pudieran haber recibido dinero público para la preparación de la consulta., como sería el caso de Unipost o las asociaciones ANC y Òmnium Cultural.
La Guardia Civil está haciendo un cálculo del dinero público que se ha podido distraer para pagar el referéndum, y de dos campañas de publicidad han detectado algo más de 500.000 euros. Les queda analizar los gastos directos, como la compra de urnas, papeletas, certificaciones para la composición de mesas electorales y la participación de Unipost en su distribución.
También estudiarán, entre otros extremos, la compra de un software, de ordenadores, de las webs y dominios para el referéndum, los ‘call centers’ o los informes relacionados con la preparación del referéndum, elaborados por el ex-magistrado del Tribunal Constitucional, Carles Viver Pi-Sunyer o su entorno; gastos que la Guardia Civil sospecha que se han pagado con dinero público.
