El Tribunal de Cuentas ha ordenado el embargo de los inmuebles del expresidente de la Generalitat, Artur Mas, de la exvicepresidenta de su ejecutivo, Joana Ortega, y de los ex consejeros Irene Rigau y Francesc Homs, por el proceso abierto contra ellos por responsabilidad contable por haber organizado la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. Hasta 2,33 millones de euros es el que han tenido que avalar con sus inmuebles los embargados, a los que se tienen que sumar una propiedad de Jordi Vilajoana, otro ex-cargo del gobierno de Mas procesado en el mismo caso.
El tribunal ha ordenado, así, el embargo de la vivienda de Mas en la calle Tuset de Barcelona, las fincas de Joana Ortega en Barcelona y de Rigau en Ribes de Fresser (Girona), y la mitad de una casa de Homs en Taradell (Barcelona), más la propiedad de Vilajoana. Los embargos tienen que cubrir los 5,27 millones de euros que el Tribunal de Cuentas puso como fianza por las responsabilidades de los gastos que se generaron con la organización del 9-N, una consulta ilegalizada por el Tribunal Constitucional.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a Mas, Ortega y Rigau, y el Tribunal Supremo a Homs, por desobediencia y prevaricación al convocar la consulta independentista. La Asamblea Nacional Catalana avanzó 2,9 millones de euros de la fianza y los procesados han tenido que poner sus inmuebles como garantías para cubrir la totalidad del importe reclamando.
