La Guardia Civil atribuye al gobierno de la Generalitat que presidía Carles Puigdemont argucias para disimular el importe del pago de anuncios del referéndum del 1 de octubre, que cifra en al menos 503.639 euros. En este sentido, un informe remitido por los investigadores al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona señala al entonces consejero de la Presidencia, Jordi Turull, por la posible comisión de un delito de malversación de fondos públicos por haber autorizado los pagos para promocionar el 1-O en los medios de comunicación.
La Guardia Civil, en concreto, cifra en 224.835,25 euros una partida destinada a la campaña para que los catalanes que residen en el extranjero se inscribieran en un registro. Se trata de la campaña que se publicó en los diarios con el eslogan «¿Sí o no?».
Una figura clave fue Antoni Molons, director general de Difusión a las órdenes de Turull, quien indicó que el ex-consejero autorizó la campaña «Civismo», con un presupuesto de 2,2 millones de euros, pero el contrato no se desarrolló ya que las sucesivas empresas adjudicatarias, Carat España y Focus Media, renunciaron. En el caso de la segunda, adujo que era una campaña aparentemente política y no sobre civismo.
Finalmente, la Generalitat destinó 277.804,36 euros a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) para que se emitiera en TV3 y Catalunya Ràdio. Los investigadores sostienen que aquella campaña también encubrió la promoción institucional del 1-O. En concreto, según el informe de los investigadores, esta suma corresponde al anuncio que decía: «Naciste con la capacidad de decidir. ¿Renunciarás?».
