El juez del Tribunal Supremo que investiga a los miembros del último gobierno de la Generalitat por rebelión, sedición y malversación, Pablo Llarena, ha retirado las órdenes europeas e internacionales de detención dictadas contra el ex-presidente Carles Puigdemont y los ex-consejeros Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsati y Lluís Puig.
Llarena argumenta su decisión indicando que «se presenta en este momento» un «nuevo escenario» en el que «los investigados parecen haber mostrado su intención de retornar a España, con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos para cuyos comicios se han presentado recientemente».
Asimismo, esgrime el hecho de que se investiga a estos cinco miembros del último gobierno de la Generalitat por «un delito de naturaleza plurisubjetiva dotado de unidad jurídica inseparable, lo que requiere una única respuesta para evitar respuestas contradictorias». En este sentido, sostiene que, una vez se ha acumulado la causa y se ha definido que los hechos presuntamente delictivos se pueden haber cometido mediante el concierto de todos los investigados, la depuración de las responsabilidades se tiene que efectuar «de manera unificada» para evitar resoluciones contradictorias.
En definitiva, ante la posibilidad que Bélgica acabase denegando parcialmente la ejecución de las órdenes de detención i de esta manera no se le permitiera actuar contra los investigador por todos los delitos que les imputa, Llarena considera que el mantenimiento de las euroordenes no facilitaría «el adecuado desarrollo del proceso» y retira la petición de colaboración remitida a las autoridades belgas. Las órdenes de detención de ámbito español, sin embargo, siguen vigentes, por lo que Puigdemont i sus ex-consejeros, en las actuales circunstancias, serían detenidos si regresaran a Cataluña.
