ERC y el PDECat han dejado atrás formalmente su alianza Junts pel Sí y concurren separados a la cita electoral del 21-D, pero ambos plantean un relato que cuestiona las elecciones al Parlamento de Cataluña convocadas por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.
ERC ha anunciado que desplegará a más de 14.000 apoderados en los colegios electorales con el objetivo de evitar un pucherazo, según ha explicado Sergi Sabrià, portavoz republicano. En concreto, ha presentado «el proyecto apoderados.cat» con el que pretenden hacer «un doble recuento» en paralelo al oficial y, así, «evitar toda sospecha», ya que consideran que faltan «garantías necesarias». Sabrià ha insistido que la convocatoria del 21-D es «ilegítima e ilegal».
Por su parte, el último presidente de la Generalitat y candidato de la lista Junts per Cataluña, Carles Puigdemont, ha vuelto a cuestionar este jueves las condiciones en que tendrán lugar las próximas elecciones cuando, durante una entrevista en TV3, ha declarado que «no todos los candidatos juegan en las mismas condiciones «, dado que, según él, los hay que «tienen el árbitro a favor» y juegan haciendo «trampas». Ha indicado, de hecho, que hay una «presencia excesiva e injustificada» de agentes policiales «supuestamente vigilando que todos nos llevamos bien y que, seguramente, votamos bien, que ya sabemos lo que significa esto«. Puigdemont, quien ha manifestado que quisiera hacer campaña en Cataluña, ha exigido a la Junta Electoral que le garantice las condiciones para poder hacerlo «con normalidad».
En la primera rueda de prensa que convocó en Bruselas después de abandonar Cataluña, el ex-presidente de la Generalitat apuntó sospechas en cuanto a la cita electoral al interpelar al gobierno español sobre si respetaría los resultados en caso de que las fuerzas independentistas obtengan una mayoría de los apoyos.
Puigdemont, que anunció que lucharían «con la máxima creatividad» para impedir los efectos del 155 y «mantener fuerte y vivo el gobierno legítimo de Cataluña», ha sostenido, por otro lado, que el resultado de la votación del 1-O sobre la independencia de Cataluña era válido y vinculante aunque se produjo con la Sindicatura Electoral, órgano supervisor fundamental previsto por la ley del referéndum, ya disuelta y pese a que los observadores internacionales invitados concluyeron que la votación no había alcanzado los estándares internacionales.
