Tampoco el lehendakari Íñigo Urkullu ha avalado el relato de Marta Rovira, la número dos de ERC, según el cual el Estado español amenazó a las autoridades catalanas con «violencia extrema» y «muertos en las calles» si seguían adelante con la declaración de independencia.
El presidente vasco, uno de los mediadores entre los gobiernos español y catalán, no tiene constancia de ninguna amenaza de estas características, según fuentes del gobierno vasco citadas por El Periódico. Por otro lado, Urkullu ha afirmado que los ejecutivos de Carles Puigdemont y Mariano Rajoy llegaron a estar muy cerca de alcanzar un acuerdo.
Esta manifestación del lehendakari se añade a las declaraciones del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, y del arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, quienes también han desinflado el relato de Rovira. Ribó ha explicado que sólo hablaron de una «reacción contundente» por parte del Estado. Omella, mediante un comunicado del Arzobispado de Barcelona, ha negado las informaciones sobre «violencia de Estado en caso de que el gobierno de la Generalitat hubiera hecho una DUI».
En cambio, la ex-diputada y cabeza de lista de la CUP por Lleida Mireia Boya ha asegurado que los avisaron de que vincularían a la izquierda independentista con «algún atentado con muertos en la calle». El ex-diputado de Juntos por el Sí Lluís Llach, en defensa de Rovira, ha afirmado que al final de las conversaciones «las personas reunidas entendimos que ya no se respetarían ni haciendas ni vidas».
Además de expresar que les trasladaron el mismo mensaje que ha indicado Boya, el portavoz de ERC Sergià Sabrià, por su parte, ha intentado defender las controvertidas manifestaciones de Rovira esgrimiendo declaraciones que sólo estaban genéricamente relacionadas. En este sentido, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, dijo que el ejército tenía como misión garantizar la unidad de España, y el portavoz del PP Pablo Casado recordó que el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, podría acabar como Lluís Companys, si bien se refería específicamente al ingreso en prisión de 1934 y no a la ejecución, que tuvo lugar en 1940.
