La Fiscalía belga se ha mostrado de acuerdo con la extradición a España del ex-presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de los cuatro ex-consejeros que le acompañan en Bruselas por los delitos de rebelión, sedición y malversación que les imputa la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, pero excluye el de prevaricación.
Tal como ha informado uno de los abogados de los ex-miembros del ejecutivo catalán, Christophe Marchand, «la Fiscalía ha pedido la ejecución de la orden europea salvo por un hecho, que es el de prevaricación tal como se recoge en el mandato de detención español».
El Ministerio Público ha considerado, durante la primera audiencia de los acusados ante la Cámara del Consejo de Bruselas (Tribunal de primera instancia), que los otros delitos por los cuales España reclama a Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Toni Comín, encajan en el ordenamiento jurídico belga en las calificaciones penales de coalición de funcionarios y malversación por funcionarios.
El próximo 4 de diciembre Puigdemont y los cuatro ex-consejeros que le acompañan tienen que volver ante el juez y será el turno de las defensas.
