La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga las cuentas de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. El instituto armado está investigando la financiación de estas dos entidades independentistas y el posible uso que hubieran hecho de fondos públicos poara la promoción y organización de la consulta del 1 de octubre.
Esta investigación, que avanza La Vanguardia, pasa después de que la Unidad de Policía Judicial de la zona de la Guardia Civil de Cataluña hiciera llegar un informe sobre la participación en un presunto delito de sedición por parte de los presidentes de las dos asociaciones, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, a la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.
La Guardia Civil pedía a la juez que diera instrucciones a los asociados del ANC y Òmnium para que faciliten «todas las informaciones y datos que obren en sus archivos bancarios o sociedades de su corporación o vinculados de alguna manera».
Los investigadores piden información sobre cuentas bancarias, depósitos, valores, acciones, deuda pública, cajas de seguridad u otros activos financieros, «y sobre otra que hubiera tenido, a pesar de que actualmente se encuentran canceladas, sean como titulares, autorizados o mediante otra forma de vinculación a los mismos».
Los agentes policiales reclaman también préstamos o créditos de cualquier tipo o cualquiera otro tipo de producto financiero vinculados a estas cuentas o depósitos, así como la identificación de titulares y autorizados de las cuentas de las asociaciones, domicilio de correspondencia y los movimientos existentes en estas cuentas desde la fecha de apertura.
La Guardia Civil sospecha que en los últimos años se han podido utilizar dinero público en forma de subvenciones por parte de la ANC y Òmnium, para organizar actos, concentraciones y movilizaciones para mover a los ciudadanos para que votaran el pasado 1 de octubre en el referéndum convocado por la Generalitat y suspendido por el Tribunal Constitucional.
Según fuentes jurídicas, si finalmente se confirmaran estas sospechas, se podría perseguir a los máximos responsables de la ANC y Òmnium de un delito de malversación de fondos públicos en concurso con la sedición. Es decir, se habría utilizado fondos públicos para llevar a cabo un delito de sedición para conseguir la independencia de Cataluña fuera de las vías legales.
