La larga sombra de los amigos del gobierno acaba afectando a la prensa. Durante los días previos al 1-O y la misma jornada, una gran empresa de comunicación que últimamente ha producido un documental sobre las cloacas del Estado que sirvió -y mucho- al sobiranismo, montó un centro internacional de prensa para poder ofrecer espacios de trabajo a corresponsales y periodistas que quisieran disponer de un lugar fijo con todas las comodidades tecnológicas y logísticas. El precio para acceder era de 10 euros por día y persona. Hasta aquí, la iniciativa es buena. Pero el gobierno quiso devolver los favores al empresario y decidió que aquel espacio sería donde el ejecutivo convocaría todas las ruedas de prensa y ofrecería datos sobre el referéndum.
El problema llegó cuando un periodista quería entrar en la rueda de prensa del gobierno sin necesidad de usar las instalaciones y los complementos tecnológicos que ofrecía el empresario. Si se quería acceder y preguntar a los consejeros, se tenía que pagar los 10 euros. No había alternativa. No se podía entrar, cubrir las declaraciones y marchar si no se abonaba el importe de la acreditación. En la práctica, resultó que si los periodistas querían preguntar al gobierno e informar, se tenía que pagar. La revuelta se veía venir, y la empresa acabó dejando que algunos redactores accedieran sin pagar.
