El presidente del gobierno de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado la creación de una comisión especial de investigación sobre la violencia policial durante el despliegue de agentes que trató de impedir la celebración del referéndum del 1-O, que había suspendido el Tribunal Constitucional. La formarán, según ha dicho, efectivos del equipo jurídico y expertos externos. Asimismo, ha adelantado que el gobierno iniciará acciones legales contra agentes, mandos y responsables políticos de ese despliegue y que ejercerá de acusación particular.
Por otro lado, ha exigido la retirada de los efectivos policiales movilizados por el Estado contra el 1-O argumentando que su comportamiento está «bajo sospecha» y que se tendría que ahorrar su coste a los contribuyentes.
«Este momento pide mediación», ha expresado Puigdemont, que ha considerado que este rol «formalmente» no lo puede ejercer la Unión Europea , a la que ha vuelto a pedir, eso sí, «que deje de mirar hacia otro lado». El presidente de la Generalitat asegura que hay «gente de fuera» dispuesta a jugar este papel, pero que las dos partes tendrían que aceptar al mediador.
Además, ha respondido que «naturalmente que el referéndum es válido», si bien ha reconocido que las condiciones este lunes a mediodía no son óptimas para «proponer unos resultados oficiales». Puigdemont, que ha reconocido que no existe ningún contacto con el gobierno de Mariano Rajoy, se ha manifestado abierto a «una mediación sin condiciones», pero ha dicho que la única convocatoria de elecciones prevista les la de unas elecciones constituyentes.
