La Comisión Europea (CE) no se ha movido de su posición sobre el proceso catalán: el referéndum no es legal, se trata de un asunto interno que se tiene que resolver «dentro de la orden constitucional español» y la independencia unilateral comporta la salida de la UE. El portavoz jefe Margaritis Schinas, eso sí, ha llamado a «todos los actores implicados para que avancen hacia el diálogo» y ha expresado que «la violencia nunca puede ser un instrumento de la política».
El gobierno de la Generalitat se ha afanado sin éxito para conseguir que la CE se implicara a fondo. El consejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, ha dicho este domingo que la actuación para impedir el 1-O ha sido «de carácter criminal» y, esgrimiendo el artículo 7 del tratado de la Unión Europea, ha anunciado que intentarán activar mecanismos de sanción y control comunitarios porque considera que la actuación policial de este domingo «pone en riesgo la imagen de la UE como garante de los derechos humanos».
De momento, sin embargo, ni estas interpelaciones directas, ni las del responsable catalán ante la Unión Europea, Amadeu Altafaj, ni las del presidente Carles Puigdemont, durante los últimos días y también la noche del 1-O, han conseguido su objetivo.
