La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Mercedes Armas, que instruye la causa contra todos los miembros del Gobierno de la Generalitat por la organización del referéndum, ha ordenado al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y al Cesicat que suspendan el servicio de 29 aplicaciones de diferentes departamentos que podrían ser «susceptibles de ser utilizadas para facilitar la celebración del referéndum del 1-O «.
El TSJC ha ordenado al CTTI que adopte «las medidas necesarias» para la detección de los puntos de votación electrónica a los diferentes colegios electorales. La magistrada también ha pedido que se impida la extracción o inserción de información en estas aplicaciones para evitar que los datos puedan ser trasladados «a cualquier otra aplicación o servicio», una medida que estará vigente hasta la madrugada del 3 de octubre.
El registro que la Guardia Civil efectuó el pasado 20 de septiembre en el CTTI ha hecho sospechar a los investigadores que la Generalitat «habría establecido un plan» por el cual a través de una aplicación llamada «evot» se podrían contar los votos en los colegios electorales y podría ser utilizada para ejercer el voto telemático. Por este motivo, los agentes actuarán como policía judicial y se quedarán durante las próximas 48 horas en la sede del CTTI, para comprobar que se cumple la orden judicial. El TSJC ha recordado a los directores del CTTI y del Cesicat que tienen que colaborar con su instrucción porque, en caso contrario, pueden cometer un delito de desobediencia.
Entre las 29 aplicaciones que se tienen que suspender de manera temporal está el Municat, el registro de catalanes y catalanas en el exterior, el sistema de gestión de censos, el sistema de gestión electoral, la publicación de datos electorales, el censo de discapacitados, el censo de entidades del voluntariado de Cataluña y la base de datos de las elecciones sindicales.
