Nueva manipulación: ahora, la ONU

La exigencia a España sobre derechos humanos proviene de dos "expertos" que no son personal de la organización
Raül Romeva
Raül Romeva

Nuevo caso de manipulación informativa relacionada con el proceso soberanista de Cataluña por parte de los sectores independentistas. En esta ocasión, se ha atribuido a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y/o a su agencia para la protección de los derechos humanos una declaración de dos expertos que exhorta a las autoridades españolas a respetar los derechos fundamentales en el marco de las actuaciones para impedir el referéndum.

«Independientemente de la legalidad del referéndum, las autoridades españolas tienen la responsabilidad de respetar aquellos derechos que son esenciales para las sociedades democráticas«, expresan Alfredo de Zayas y David Kaye, identificados por el mismo comunicado como expertos que forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que trabajan a título personal: «De forma voluntaria, no son funcionarios de la ONU y no reciben salario por su trabajo», precisan.

A pesar de esto, El Nacional ha titulado su información: «La ONU exige a España que respete los derechos fundamentales en Cataluña«. Por su parte, Vilaweb señala: «La agencia de la ONU para la protección de los derechos humanos denuncia la represión contra el referéndum catalán«. Y su subtítulo añade: «Un informe critica la vulneración de derechos fundamentales como la libertad de expresión, de reunión, de asociación y de participación pública». También Público y medios públicos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), en la línea del consejero de Exteriores, Raül Romeva, han atribuido estas preocupaciones a la agencia de la ONU por los derechos humanos, que ni siquiera ha difundido en Twitter el texto.

El comunicado -que no informe-, es un llamamiento de los dos expertos para asegurarse que las medidas contra el 1-O no interfieren en el ejercicio de los derechos de asociación, reunión, participación pública y libertad de expresión. Kaye y De Zayas se hacen eco de hechos como las detenciones de altos cargos de la Generalitat, las investigaciones por sedición y el bloqueo de sitios web, y expresan: «Las medidas que estamos presenciando son preocupantes porque parecen violar los derechos individuales fundamentales, suprimiendo la información pública y la posibilidad de debate en un momento crítico para la democracia española».

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