El Tribunal de Cuentas reclama al ex-presidente Artur Mas 5.251.948 euros por la consulta del 9-N. Los denunciantes, Sociedad Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes, han exigido la devolución de más de cinco millones de euros en concepto de responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público en la celebración de la consulta del año 2014. Artur Mas dispone ahora de 15 días para depositar el dinero y, en caso contrario, el tribunal le embargará las cuentas y el patrimonio.
En la sede del Tribunal de Cuentas también habían sido citados para esta mañana la ex-vicepresidenta Joana Ortega, la ex-consejera de Educación, Irene Rigau, y Francesc Homs, ex-consejero de Presidencia, así como siete personas más que también participaron en la organización del referéndum del 9-N. El Tribunal de Cuentas puede exigir a Artur Mas la cantidad total que en un principio se tenía que repartir entre el resto de los imputados, a pesar de que, de momento, el ex-presidente responde por un importe de 3,2 millones.
Los encausados no han ido a la sede madrileña del Tribunal de Cuentas porque no tenían la obligación de comparecer personalmente. En cambio, sí que lo han hecho sus abogados, que han presentado alegaciones. La lista de imputados la completan Lluís Bertran Saura, Josefina Valls Vila, Carolina Pardo Miguel, Jaume Domingo Planas, Ignasi Genovès Avellana, Jordi Serra Catalán i Jordi Vilajoana Rovira, todos ellos altos cargos de la Generalitat.
