El Tribunal Constitucional ha dado un plazo de 48 horas a la Sindicatura Electoral catalana, el órgano creado para hacer de junta electora en el referéndum del 1 de octubre -suspendido por el alto tribunal-, para que se disuelva.
En concreto, establece este plazo para que los miembros de la Sindicatura informen de las actuaciones que hayan puesto en marcha para cumplir con la suspensión de la Ley del referéndum. El incumplimiento de esta orden dará lugar a la activación de las medidas previstas por el artículo 92.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que fue modificada en 2015 por la mayoría parlamentaria del PP para otorgarle poderes sancionadores.
En virtud de aquella reforma, el TC puede multar y suspender de sus funciones a aquellos cargos públicos que incumplan sus resoluciones. El País añade que la decisión de emprender esta vía sancionadora, que puede afectar a la veintena de politólogos y juristas integrantes de la junta electoral del 1-O, se ha adoptado por unanimidad.
