Los alcaldes comprometidos con el referéndum del 1-O han empezado a reaccionar a través de las redes sociales a la decisión de la Fiscalía General del Estado, que quiere citar a declarar a los 712 alcaldes que han firmado el decreto de apoyo al referéndum. Muchos de ellos han utilizado su cuenta de Twitter para responder a la Fiscalía.
El alcalde de Premià de Mar (Maresme) y presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Miquel Buch (PDECat), ha tuiteado que la «demofóbia del gobierno español no tiene freno: quieren perseguir y detener a 720 alcaldes por poner urnas«.
La alcaldesa de Berga, Montse Venturós, ha dicho que «asumo que vengan a detenerme, es una cosa que nosotros tenemos sobre la mesa y una posibilidad que existe«. Venturós ha dicho que ahora más que nunca todos los alcaldes tienen que estar al «lado del pueblo», que es quien pidió poder desarrollar el «libre derecho a la autodeterminación», ante un estado español «absolutamente demofóbico y que ataca todos los derechos fundamentales».
La mayoría de alcaldes han criticado las últimas instrucciones del ministerio público y se han mostrado comprometidos con «el derecho democrático de votar». Otros, como el alcalde de Argentona, Eudald Calvo (CUP), han optado por responder con ironía: «Tengo mucho trabajo y no puedo estar por estas tonterias. Quién quiera hablar conmigo, ya sabe dónde encontrarme», con el hashtag #HolaDictadura.
De hecho, el mismo Calvo, junto con Jordi Gaseni (ERC), alcalde de Ametlla de Mar, han colgado un vídeo en Twitter donde se ve como «archivan» la advertencia del gobierno español pasándola por la trituradora (foto).
Por otro lado, los alcaldes de la CUP han decidido que desobedecerán las órdenes de la Fiscalía y que no irán a declarar cuando sean citados. Los anticapitalistas consideran que el ministerio fiscal «no puede ordenar la detención de aquellas alcaldesas y alcaldes» que se nieguen a comparecer ante la citación, y por eso instan al resto de partidos a hacer exactamente lo mismo. «Ordenando estas detenciones sobrepasaría su límite competencial vulnerando los derechos fundamentales, entre ellos los de la libertad», aseguran.
