Para entender el momento político crítico que vivimos hoy en Cataluña nos tenemos que remontar al pasado. No a los 303 años de la caída de Barcelona en la Guerra de Sucesión ni a los 78 años del fin de la Guerra Civil. De todo esto hace demasiado tiempo, las circunstancias no tienen nada que ver con las actuales y sus protagonistas reposan en los libros de historia.
La apuesta independentista del gobierno de la Generalitat y las maniobras de las instituciones del Estado para impedir el anunciado referéndum del 1-O enlazan con los meses previos a la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona del año 1992, hace más de un cuarto de siglo. En aquel contexto, se produjeron dos hechos determinantes que esconden las claves para desencriptar el presente.
El 29 de mayo de 1991, un coche cargado con 200 kilos de amonal estalló en el patio de la casa-cuartel de la Guardia Civil en Vic, donde vivían 14 agentes con sus familias. En aquel atentado de ETA murieron nueve personas, de las cuales cinco eran menores de edad, dos eran guardias civiles y las otras dos, familiares.
El día siguiente del crimen, el comando de ETA fue localizado en un chalé de Lliçà de Munt y dos de sus miembros, Jon Félix Erezuma y Joan Carles Monteagudo, murieron acribillados por una unidad de élite de la Guardia Civil. El tercer etarra del comando, Juan José Zubieta, fue detenido y, posteriormente, condenado a 1.311 años de prisión. Salió en libertad en 2013, en aplicación de la doctrina Parot.
El «cerebro» del atentado del cuartel de Vic, Joan Carles Monteagudo, era catalán y, antes de incorporarse a ETA, había formado parte de Terra Lliure, la organización armada independentista que había decidido, hacía poco, su autodisolución. De la mano de Àngel Colom, el grueso de los militantes de Terra Lliure anunció su incorporación a Esquerra Republicana (ERC).
El atentado de Vic provocó una fuerte conmoción en la sociedad catalana y en las filas de la Guardia Civil, a pesar de que no fue, cuantitativamente, el más mortífero. Cuatro años antes, ETA había perpetrado el atentado de Hipercor, el más grave de su historia, que dejó un trágico balance de 21 muertos. Pero la finalidad de esta acción era «económica»: con el coche-bomba que hizo estallar en el parking del centro comercial, la organización etarra quería «presionar» a El Corte Inglés para que se aviniera a pagar el «impuesto revolucionario», como en aquella época hacían otras grandes empresas españolas. Es cruelmente cínico, pero ésta es la explicación última del atentado que tiñó de luto la Barcelona preolímpica.
En cambio, el coche-bomba de Vic fue una acción «militar»: los miembros de ETA atacaron a la Guardia Civil, aunque, en el momento de la explosión, en el patio del cuartel había niños jugando y lo sabían. El hecho que el jefe del comando que perpetró el atentado fuera un ex-militante de Terra Lliure, Joan Carles Monteagudo, encendió todas las alarmas. Esto demostraba que había una conexión terrorista catalana-vasca y que, en este sentido, la autodisolución de Terra Lliure era más formal que real.
ETA tenía informadores y colaboradores autóctonos en Cataluña y, además, había ex-miembros de Terra Lliure que, en contra de la línea oficial, estaban dispuestos a continuar las acciones violentas, como explicitaron con la colocación de una decena de artefactos explosivos. Esta era la situación a pocos meses de los Juegos Olímpicos y es en este contexto en el que se desata la llamada Operación Garzón, para «limpiar» el acontecimiento deportivo de cualquier amenaza terrorista. La investigación dirigida por el ex-magistrado del juzgado n. 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, la ejecutó la Guardia Civil, que venía «caliente» por el atentado de Vic.
Un «topo» infiltrado por el ministerio del Interior en el movimiento independentista catalán, Josep Maria Aloy, fue determinante a la hora de marcar los objetivos. A partir del 29 de junio del 1992, empiezan las detenciones de sospechosos de formar parte de esta trama terrorista, entre los cuales conocidos militantes de la causa independentista y activistas sociales. En el decurso de los interrogatorios, la Guardia Civil aplicó brutales métodos de tortura física y psicológica que fueron denunciados por 17 de los detenidos.
La Operación Garzón se prolongó hasta el mes de diciembre, y, en total, fueron detenidas 45 personas, si bien finalmente sólo 25 fueron llevadas a juicio, celebrado el 1995, en el cual 18 fueron condenadas. Con la llegada de José María Aznar al poder, y por presión directa de Jordi Pujol en las negociaciones para la investidura del líder del PP como presidente del gobierno español, todos los presos de la Operación Garzón salieron a la calle gracias a un indulto. De la mano del abogado gerundense Sebastià Salellas, las denuncias por torturas fueron elevadas al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que en 2004 condenó al Estado español a indemnizar con 120.000 euros a catorce de los detenidos.
Ha pasado más de un cuarto de siglo desde el atentado contra el cuartel de Vic y la Operación Garzón, pero las heridas emocionales de aquellos dos sucesos –impregnados de dolor, sangre y torturas- continúan abiertas y todavía supuran. De aquí viene el odio visceral de los independentistas del «núcleo duro» contra los socialistas, puesto que la Operación Garzón se desató durante el mandato de Felipe González. Sólo hay que repasar la lista de los 45 detenidos por la Guardia Civil y de los testigos que fueron citados en el procedimiento judicial para constatar que muchos de ellos han acabado ocupando cargos de responsabilidad en las direcciones de ERC y la CUP, han asumido cargos institucionales o han sido candidatos a listas electorales.
El propio presidente Carles Puigdemont vivió en primera línea aquellos acontecimientos. En el año 1992, el actual presidente de la Generalitat trabajaba en el diario El Punt, donde la Guardia Civil detuvo al periodista Eduard López, acusado de formar parte de la trama terrorista, y procedió al registro de la redacción. Carles Puigdemont participó activamente en la campaña de solidaridad con los detenidos en la Operación Garzón y esto marcó su militancia independentista y su vida personal, puesto que, a finales del 1992, saturado por el estrés ambiental, decidió tomarse un año sabático y marchar al extranjero.
El sufrimiento fortalece y une y los 45 de la Operación Garzón constituyen el «núcleo duro» del actual proceso secesionista catalán. El recuerdo de las torturas sufridas a manos de la Guardia Civil es todavía muy presente, como han demostrado en la reciente conmemoración de los 25 años de aquellos hechos –ampliamente difundida por los medios de comunicación independentistas- y en la contundente respuesta que han dado a las explicaciones exculpatorias que ha hecho el ex-juez Baltasar Garzón en las páginas de La Vanguardia.
La Guardia Civil tampoco olvida la carnicería perpetrada en Vic. Por eso, después de la «chapucera» actuación de los comisarios-estrella del Cuerpo Nacional de Policía enviados por Jorge Fernández Díaz para intentar parar el proceso, se ha situado en primera línea de la contraofensiva del Estado en Cataluña. En el marco de las investigaciones judiciales sobre los excesos verbales del ex-senador Santi Vidal, la Guardia Civil se ha hecho cargo de los interrogatorios de los sospechosos y, de momento, dos de ellos –Joaquim Nin y Jaume Clotet– ya han salido del cuartel de Travessera de Gràcia con la acusación –poca broma- de «sedición», que comporta una pena de hasta 15 años de prisión.
Ni «revolución de las sonrisas» ni «operación diálogo». Aquí, a un lado y otro, manda la estrategia militar. Gente fría que ha interiorizado el sufrimiento, que no perdona, que no negocia y que opera con una mentalidad guerrera, donde el adversario político es el enemigo. Fuera caretas. Es la hora de los duros, de quienes conocen el hierro y el sabor de la sangre.
Afortunadamente, la inmensa mayoría de la población catalana –sea pro-independentista o anti-independentista- es ajena a esta escalada bélica que hay en el trasfondo de la presente fase final del proceso. Pero la semilla del diablo que sembraron el atentado del cuartel de Vic y las torturas de la Operación Garzón amenaza de envenenar la convivencia colectiva con la excusa del referéndum.
La socialización del dolor es el peligro que se cierne sobre Cataluña. Y en esta exasperación coinciden los represaliados de la Operación Garzón… con el ex-presidente Jordi Pujol y su núcleo familiar, asediados por la ofensiva judicial sobre su «tesoro» escondido en paraísos fiscales.
