La empresa del Gobierno catalán Infraestructures.cat (antigua GISA) ha elaborado un informe que detecta numerosas irregularidades en concesiones de obra pública del Gobierno de Artur Mas. «La mezcla de subjetividad y la ausencia de criterios concretos proporciona un margen de discrecionalidad bastante importante para decidir sobre la adjudicación», indica el documento al cual ha tenido acceso El Periódico y datado en octubre de 2016.
El dictamen ha sido redactado por encargo del consejo de administración de la citada empresa pública, ahora en manos de ERC y responsabilidad del vicepresidente del Gobierno, Oriol Junqueras, se empezó a elaborar el octubre de 2015, cuando el juzgado de Vendrell que investiga el caso del 3% sobre presuntas comisiones de la antigua Convergencia, solicitó información sobre algunos expedientes de contratación.
Del informe se extraen anomalías, desde alteraciones en los procesos de licitación hasta la existencia de informes insuficientes y la posible subjetividad a la hora de evaluar las propuestas, al valorar más la oferta técnica, que es más subjetiva, que la económica.
El informe, de 32 páginas y con unas conclusiones que han sido remitidas al juez de Vendrell del ‘caso 3%’, analiza 30 procedimientos de contratación del periodo 2011-2015. El informe considera «incompleta» la información de los expedientes, sobre todo de los contratos de obra.
