El sindicato UGT denuncia que en algunos de los centros de menores tutelados por la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA) los niños no hacen actividades lúdicas si no son gratuitas, la comida es de baja calidad y se llega a utilizar dinero procedente del Banco de Alimentos, la ropa es de segunda mano y los menores con graves discapacidades físicas o psíquicas no reciben la atención individual necesaria. La DGAIA depende del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, de la Generalitat de Cataluña, del que es titular la consejera Dolors Bassa.
La UGT afirma que se está permitiendo que los niños y adolescentes tutelados en centros de menores estén sufriendo las consecuencias de malas gestiones de entidades puramente mercantilistas, mal llamadas fundaciones o entidades sociales. Según el centro al cual los toque ir por la «lotería» de asignación de plazas, niños y adolescentes pueden quedar doblemente desamparados.
El sindicato dice que ya han denunciado ante el mismo director de la DGAIA y el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán), que hay entidades que con dinero público tienen como principal objetivo el lucro. Tratan de obtener el máximo beneficio económico de la gestión de sus centros.
Esta situación está produciendo, según la UGT, un desamparo en estos chicos y chicas en situación de especial vulnerabilidad que se traduce en el hecho que comen y cenan diariamente càtering de baja calidad. Y en algunos casos también llegan a utilizar comida de donaciones del Banco de Alimentos o Cruz Roja. No hacen actividades extraescolares si no son gratuitas. No suelen realizar actividades lúdicas de fin de semana o periodo de vacaciones que impliquen coste económico. La ropa que se les otorga es de baja calidad o incluso de segunda mano. Los chicos y chicas en situaciones todavía más especiales, es decir, con graves discapacidades físicas o psíquicas, no reciben la atención individual ni disponen de los medios materiales o mecánicos que necesitan.
Se da la circunstancia que del centenar de Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE) de Cataluña, sólo el 10% son públicos, el resto son privados o de gestión delegada, que son el caso en el cual el edificio que los aloja es de la Administración.
Por su parte, el sindicato CCOO denuncia que «La DGAIA no ejerce un control exhaustivo sobre las empresas en que ha delegado la gestión. El director del centro sabe el día y la hora en que pasará el inspector».
También el sindicado Confederación General del Trabajo, CGT, ha cargado contra el responsable de la DGAIA, Ricard Calvo, para «adjudicar y favorecer» con contratos por valor de 98 millones para gestionar centros en los próximos ocho años, a la fundación Plataforma Educativa «en la qué había tenido cargos».
Este jueves, los diputados de la CUP en el Parlamento catalán, Gabriela Serra y Benet Salellas, han denunciado ante la Oficina Antifraude de Cataluña los «posibles conflictos de intereses» del director general de la DGAIA, Ricard Calvo. La CUP ya ha pedido la dimisión de Calvo por este tema.
Tanto las diputadas Gemma Lienas, del grupo Catalunya Sí Que es Pot, como la cupera Gabriela Serra critican el funcionamiento de los centros de menores de gestión privada y reconocen las diferencias que hay con los públicos por eso reclaman que sean de titularidad pública, según publica El Periódico.
Lienas censura que «se incumplan las ratios de educador por niño, lo que imposibilita que se dé una buena atención». Serra se pregunta como puede la Generalitat «retirar a los niños de su familia y asumir la tutela y una vez que la tiene, dejar el niño en un centro de gestión privada donde no se pueden garantizar las normas de acogida».
La comisión que controla el modelo de protección de la infancia y adolescencia en Cataluña se reúne este viernes. La constitución de este organismo creado a instancia del Parlamento catalán se realizó con mes y medio de retraso. El grupo lo constituyen representantes de los grupos políticos a la Cámara catalana y representantes de la Administración.
