La magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca ha emitido una interlocutoria donde asegura que se ha retomado la ejecución de la sentencia de abril del 2015, sobre la nulidad de las ventas de los bienes artísticos del Monasterio de Sigena, en Huesca, en el cual ordena a la Generalitat la entrega de las obras a Aragón antes del 25 de julio.
La Generalitat tiene hasta la fecha límite para explicar al Gobierno de Aragón cómo llevará a cabo el traslado de las 44 piezas que permanecen en el Museo de Lleida y a qué hora las entregará. Todo esto, con el fin de que «el ejecutivo aragonés adopte las medidas necesarias» para que el proceso pueda ser controlado por los técnicos del Gobierno del Aragón.
La magistrada ha advertido al Gobierno catalán que si llega esta fecha y los bienes no se han devuelto, «se deducirá testigo por desobediencia» para que los tribunales de justicia actúen «conforme a derecho«.
En este sentido, el abogado del Ayuntamiento de Sigena, Jorge Español, ha asegurado que si no se cumple el mandato, el Gobierno catalán cometerá un delito de desobediencia a la autoridad judicial. Ante «este segundo y terminante requerimiento se presentará en el plazo el plan de transporte de las piezas», porque en caso contrario «no quedaría más remedio que enviar a la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Judicial» para que se confisquen las piezas y se trasladen en un camión especializado al monasterio de Sigena.
