Los funcionarios catalanes han hecho llegar a la Central Sindical Independiente de Funcionarios, CSIF, organización sindical mayoritaria dentro de los funcionarios en el ámbito de España pero no en Cataluña, la preocupación por el anuncio del presidente catalán, Carles Puigdemont, de celebrar el referéndum el 1 de octubre.
Los trabajadores públicos han pedido un protocolo de protección ante órdenes de dudosa legalidad, que podrían recibir a partir de ahora. El sindicato ha explicado, a la agencia EFE, que el funcionariado catalán se encuentra «expectante» y que ha decidido tomar una «posición activa» para defenderse.
La central sindical ha decidido enviar inminentemente a todos los departamentos de la Generalitat y a los colegios donde se pretende organizar el referéndum un protocolo para «proteger» los funcionarios contra «órdenes ilegales».
Ante la «incertidumbre» generada, la CSIF ha decidido extender la campaña informativa a la Administración General del Estado en Cataluña.
El sindicato traerá información, también, a los centros educativos donde la Generalitat pretenda organizar la consulta. Una información dirigida a los responsables de la dirección de los centros o los conserjes encargados de abrir las puertas de las instalaciones para el posible referéndum.
En el protocolo que tiene la CSIF se recomienda a los funcionarios que en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito para tener constancia y advertir la Administración de sus dudas.
En el supuesto de que el superior jerárquico se mantenga en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar la constancia al superior de su opinión sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales.
Cuando la ilegalidad sea manifiesta, el protocolo recuerda el derecho y el deber del funcionario a no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes.
