La Generalitat ha impuesto una sanción de 500.000 euros a Gas Natural por haber vulnerado la normativa contra la pobreza energética, cuando el pasado mes de noviembre cortó la luz a una mujer de 81 años que murió en un incendio causado por una vela, después de que Gas Natural le hubiera cortado el suministro eléctrico por impago. Aún así, la compañía todavía tiene dos meses para decidir si recorre la sanción.
El secretario de Empresa y Competitividad del gobierno catalán, Joan Aregio, ha indicado que el expediente de la Agencia Catalana del Consumo considera una «infracción grave» que la empresa hubiera realizado el corte de suministro «sin haber solicitado previamente un informe de los servicios sociales municipales para determinar si la persona o la unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusión residencial», tal y como establece la ley 24/2015 contra la pobreza energética.
Sin embargo, la infracción ha ascendido a «muy grave«, porque este hecho supuso «una alteración social grave, de alarma y desconfianza«, explica Aregio, y porque la persona afectada pertenecía a un colectivo, «especialmente protegido por el Código de Consumo de Cataluña, como son las personas grandes». El secretario de Empresa y Competitividad ha recordado que el caso de Reus acabó con «unas consecuencias trágicas» y, por lo tanto, «consideramos que es una sanción justa«.
