La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido este martes que se investigue a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por los delitos de prevaricación y cohecho en adjudicaciones del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid a la empresa Grupo Cantoblanco, propiedad del ex-presidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, en los años 2009 y 2011.
El sumario sobre el caso Púnica de la presunta financiación irregular del PP de Madrid incluye un informe de la UCO en el que se analizan exclusivamente estas adjudicaciones, que según este documento «se articularon a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en las dos licitaciones«, entre las que se encuentra Cifuentes, que fue presidenta de la mesa de contratación durante estos años.
Según el informe, que Cifuentes fuera miembro del comité de expertos y que ejerciera como presidenta de la mesa de contratación es una «circunstancia contraria a la legalidad y que vulnera la imparcialidad que tiene que presidir la actuación de la presidenta de la mesa de contratación». Las mesas de contratación eran presididas por Cifuentes mientras participaba como componente de los comités de expertos que efectuaron las valoraciones de las ofertas de los licitadores, indica el informe.
