Adjudicaciones públicas de la Generalitat de Cataluña se encuentran bajo la lupa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que tiene indicios de que altos cargos que trabajan en el llamado proceso de desconexión desviaron fondos de los contratos destinados a la creación de una agencia tributaria y un servicio de inteligencia catalanes, publica El Confidencial citando fuentes cercanas al caso.
Según esta información, se están investigando adjudicaciones por un importe de al menos 900 millones de euros y las indagaciones se centran en la manera como el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), organismo adscrito al Departamento de Presidencia, ha concedido sus principales adjudicaciones, el flexible sistema del diálogo competitivo.
La Fiscalía se huele que altos cargos del Gobierno catalán aprovecharon el margen de maniobra que otorga este sistema para arreglar contratos, favoreciendo a empresas y licitando servicios a precios inflados. Según detalla El Confidencial, la Guardia Civil dispone de indicios que señalan que sólo empresas que pagaban comisiones accedían a determinados concursos del CTTI.
Entre las adjudicaciones sospechosas, según la Fiscalía, están las del proyecto Red Abierta a la UTE Imagina-Axia por casi 212 millones de euros (2010), los cuatro lotes de un contrato de aprovisionamiento del puesto de trabajo y apoyo al usuario de la Generalitat por casi 563 millones (del que fueron adjudicatarios Telefónica, Indra, Fujitsu, Canon y T-Systems, entre otras), y dos adjudicaciones a Deloitte y Capgemini que suman 124,7 millones de euros, en una de las cuales también participaron PwC, Everis y Ernst & Young.
En un principio, la Fiscalía investigaba al CTTI y sus adjudicatarios para determinar si habían cometido sedición colaborando en la creación de estructuras de Estado, pero la detección de indicios de corrupción ha puesto también el foco en la posible comisión de otros delitos.
Las urnas
Al margen de estas indagaciones, el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) ha publicado un esperado anuncio: la licitación del acuerdo marco para el suministro de urnas, que tiene un valor estimado de 200.000 euros. El Departamento de Gobernación de la Generalitat prevé adquirir urnas transparentes (con un coste de 184.000 euros) y de cartón (por 16.000 euros), dos lotes de una licitación por procedimiento abierto que abre un periodo de 15 días para presentar ofertas.
