Tres fiscales anticorrupción que investigan actualmente causas abiertas como los casos de la familia Pujol, Emperador o Banca Madrid, entre otros, han pedido amparo al Consejo que agrupa a los acusadores públicos ante las presiones que están sufriendo por parte de algunos imputados en los procedimientos. En concreto, según Vozpópuli, los fiscales José Grinda, Fernando Bermejo y Juan José Rosa explican al presidente del organismo judicial, José Manuel Maza, que durante las últimas semanas han recibido dos denuncias que tienen como objetivo «despreciar el ejercicio imparcial de su función como acusadores públicos».
La primera es la del ex-directivo de la Banca Privada de Andorra (BPA) Santiago Roselló, que carga contra el fiscal por haberlo acusado de participar en una operación de blanqueo de capitales a través de la mencionada entidad bancaria, junto con el capo de la mafia rusa Andrei Petrov. La segunda es la del empresario Rafael Pallardó, que asegura haber sido coaccionado por los representantes judiciales para entregar documentación sobre el caso Pujol. Los fiscales desmienten los hechos indicando que ante la petición de «pagar con fondos reservados a cambio de obtener la información solicitada» su respuesta fue rotunda: «la Fiscalía no paga nunca».
Los acusadores públicos relacionan estas dos denuncias con las diligencias que se investigan en el juzgado de instrucción número 38 de Madrid contra los hermanos Higini y Ramon Cierco, propietarios de la BPA hasta que la entidad fue intervenida por el Estado Andorrano.
Los tres fiscales creen que estas acusaciones se corresponden con el intento por parte de los Cierco «de alterar el normal funcionamiento de la Fiscalía», puesto que los mismos ya denunciaron anteriormente al comisario de Asuntos Internos Marcelino Martin Blas y al director de la Unidad de inteligencia Financiera de Andorra, Carlos Fiñana, para «obligarlos» a proporcionar información sobre la familia del ex-presidente catalán Jordi Pujol.
