El nuevo fiscal en jefe Anticorrupción, Manuel Moix, intentó impedir el pasado martes, el día antes de empezar la Operación Lezo, uno de los registros que se iban a llevar a cabo contra el ex-presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, según informa Cadena SER. En declaraciones a esta misma emisora, Moix ha sacado importancia a estos hechos y ha dicho que se trata de una actuación «habitual» en la fiscalía. También ha indicado que el registro al cual se opuso no era lo del domicilio de González, a pesar de que no ha concretado de qué lugar se trataba.
Manuel Moix, con el apoyo del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ordenó a los fiscales que no llevaran a cabo este registro por el cual ya se tenía preparado todo el dispositivo policial. Esta decisión, pero, provocó la oposición de la Junta de Fiscales Anticorrupción, que se opusieron a las directrices del fiscal e invocaron el artículo 27 del Estatuto de la Fiscalía, que establece que el fiscal que reciba una orden o instrucción que considere contraria a las leyes lo tiene que hacer saber al fiscal en jefe mediante un informe razonado. Finalmente, Moix aceptó la decisión de la Junta y decidió seguir adelante con el registro.
A las dos de la tarde de este jueves, la Fiscalía General del Estado ha emitido un comunicado en el que ha calificado el conflicto de «puntuales discrepancias técnico-jurídicas» dentro de la fiscalía Anticorrupción que ha resuelto la Junta de Fiscales. Este comunicado también aclara que es «falso» que Moix haya intentado obstaculizar la investigación de la Operación Lezo, y «incierto» que haya querido parar la parte referida a Ignacio González.
