Las tensiones económicas entre la Generalitat y sus proveedores privados también afectan a las residencias de ancianos. Según un informe de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), la principal patronal de este sector, los gastos de las residencias han subido un 11% mientras que las tarifas públicas no se han movido desde 2009.
En este contexto, ACRA se han reunido en marzo con representantes de formaciones parlamentarias para intentar convencerlos de la necesidad de incrementar las tarifas. Consideran que, si no se ajustan los precios a los gastos, peligra la situación económica de estos negocios, así como la calidad del servicio y las condiciones laborales de los trabajadores.
Según ha explicado a El País la presidenta de ACRA, Cintia Pascual, la congelación del precio que paga la Generalitat les genera una situación insoportable a las empresas encargadas de las plazas públicas residenciales y los centros de día. Añade que no aceptarán fórmulas de bajo coste ni empeorar las ratios, el número de ancianos por cada profesional de la asistencia.
En cuanto al Gobierno catalán, pese al incremento de la partida presupuestaria dedicada a dependencia, Pascual asegura que no han alcanzado ningún acuerdo porque les dicen que no hay más dinero.
