Las desastrosas operaciones inmobiliarias efectuadas por Catalunya Caixa (CX) entre los años 2000 y 2007 han costado a la antigua cúpula de la entidad la imputación de la Audiencia Nacional a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por administración desleal. Se atribuye al ex-presidente de CX Narcís Serra, al ex-director general Adolf Todó y a 13 altos cargos más la responsabilidad sobre un agujero económico cifrado en más de 700 millones de euros, originado por las pérdidas producidas por decisiones plagadas de irregularidades.
La falta de garantías sobre la viabilidad de algunas operaciones, como por ejemplo ausencias de valoraciones independientes o cláusulas resolutorias para proteger los intereses de la entidad, centra las sospechas sobre el desbarajuste en las inversiones de la antigua cúpula.
Narcís Serra y Adolf Todó, además, están en espera de juicio por la aprobación de incrementos salariales a los directivos en un momento en el que la entidad, que acabó siendo absorbida por el BBVA después del rescate del Estado, ya sufría graves problemas.
