Las eléctricas han ganado el pulso con el Ayuntamiento de Barcelona, que quería imponer una cláusula para obligar a estas empresas a cumplir el convenio de pobreza energética. El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público ha dado la razón a Endesa y Gas Natural, y ha anulado el concurso para adjudicar el contrato eléctrico municipal, valorado en 65 millones de euros.
El gobierno de Ada Colau quería que las eléctricas que optaran a este concurso se comprometieran a no cortar la luz a las familias vulnerables, sin embargo, ni Gas Natural ni Endesa -las dos eléctricas más grandes- se presentaron, porque alegaron que la cláusula no era lo bastante clara. En este sentido, el tribunal ha remarcado que «la carencia de concreción perjudica a todas las licitadoras potenciales actuales o posibles«. Ahora que el tribunal ha agotado la vía administrativa, el consistorio barcelonés está estudiando técnicamente y jurídicamente cuál será su respuesta.
De hecho, la resolución del tribunal todavía se puede recurrir al tribunal contencioso administrativo. En esta resolución, el tribunal ha afirmado que «no puede desconocer el loable y encomiable objetivo, las buenas intenciones del Ayuntamiento y la imperiosa urgencia en la búsqueda de medidas para contribuir a reducir y remediar la pobreza energética latente».
Sin embargo, ha remarcado que para que «la atención y reducción de la pobreza energética» se pudiera aceptar como objeto del contrato, tendría que ser una prestación claramente diferenciable y se tendría que licitar por separado, o bien, que la finalidad social que se promoviera formara parte de la materia principal del contrato. El hecho, es que ninguna de estas dos condiciones se cumplen, indica el tribunal.
