La jueza que ha instruido en Lugo el caso Manga, Pilar de Lara, se ha inhibido a favor del juzgado de Santa Coloma de Farners respecto a las indagaciones sobre el Consejo Comarcal de la Selva y el Ayuntamiento de Sant Hilari Sacalm, publica el Diari de Girona.
De Lara ha solicitado la apertura de diligencias y la continuación de las investigaciones sobre este asunto de presunta corrupción, una derivada catalana del caso Pokemon, pero ahora la decisión de asumir las indagaciones corresponde al juzgado de Santa Coloma de Farners.
En este caso, que consta de varias piezas, hay 43 personas imputadas, entre las que destacan cargos de CiU y de ERC como Robert Fauria (CiU), ex-alcalde de Sant Hilari y ex-presidente del Consejo Comarcal de la Selva, Salvador Balliu (CiU), actual presidente de esa entidad local, Josep Carrapiço, ex-secretario de organización de ERC, y Natàlia Figueras (PDEcat), diputada de Junts pel Sí.
El hermano de Junqueras
Otro de los principales investigados es Roger Junqueras Vías, hermano del vicepresidente del Gobierno de la Generalitat, Oriol Junqueras. La jueza De Lara lo señaló como cooperador necesario en el falseamiento de un procedimiento negociado sin publicidad. El hermano del vicepresidente trabajaba para Cespa Jardinería SL, una de las empresas a las que los investigadores policiales han acusado de haber concurrido a un concurso que supuestamente era un montaje hecho a la medida de la ganadora, Nora SA. Con esta maniobra, presuntamente, se cometió un delito contra la Administración Pública con el ahorro del IVA, que la concesionaria podía recuperar pero el Consejo no.
Ramas del caso Manga
Además, la interlocutoria de la jueza Pilar de Lara solicita que se siga investigando el pago de la propaganda de CiU en Sant Hilari, en el que se sospecha que se usó una empresa pantalla para financiar al partido en periodo electoral, así como la modificación posiblemente fraudulenta de las bases de datos del Consejo Comarcal. También está bajo la lupa la adjudicación del contrato del servicio de los comedores escolares de La Selva.
Irene Rigau y Felip Puig
En esta última rama se encuentra salpicada la ex-consejera de Educación Irene Rigau. Aunque no consta formalmente como investigada, el Diari de Girona publica que Pilar de Lara ha ordenado a Vigilancia Aduanera que informe sobre la condición de aforada de la ex-consejera, actual diputada de Junts pel Sí. Según la misma información, De Lara ha incluido en su interlocutoria las conclusiones policiales sobre Rigau, según las cuales tuvo conocimiento y consintió la aplicación de un canon que encareció la adjudicación.
En cambio, quien parece haber esquivado de momento la implicación por este asunto es el ex-consejero Felip Puig. Vigilancia Aduanera pidió a la jueza De Lara que lo imputara por su supuesta condición de conseguidor, ya que se apunta que medió a favor del administrador de GRS Arc Local, Alexandre Ros Vall (imputado como presunto sobornador), para que este consiguiera un contrato en 2009 para llevar a cabo las liquidaciones complementarias del catastro y del impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras del Ayuntamiento de Moià.
