El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la reforma del sector de la estiba portuaria, para adaptar su legislación a la normativa europea, que impone una liberalización del sector, puesto que, en caso contrario, el Tribunal de Justicia de la UE impondría una multa al sector de 134.000 euros diarios. El Ejecutivo ha aprobado esta reforma sin haber llegado a un acuerdo con las patronales y los sindicatos.
A pesar de que las dos partes tienen previstas nuevas negociaciones para la próxima semana, los estibadores mantienen la convocatoria de tres semanas de huelgas parciales en los puertos a partir del próximo 6 de marzo. De hecho, el día 10 de marzo quieren extender los paros a otros puertos europeos, y bloquear los puertos alternativos en España, como los de Lisboa y Marsella. Lo que reclama el Consejo Internacional de Estibadores es un acuerdo con el Estado español para mantener las condiciones laborales actuales y el elevado índice de productividad.
El ministro de Fomento, Íñigo de Serna, ha explicado que después de haber negociado con el sector sin éxito, el decreto se ha limitado a cumplir con la sentencia europea, que preserva al máximo los derechos de los trabajadores y «otorga la máxima flexibilización posible a favor de los trabajadores que se puede dar con los límites que nos ha marcado la Comisión Europea«. De Serna también se ha felicitado por haber conseguido que el Real Decreto Ley de reforma de la estiba establezca un periodo transitorio de tres años para que desaparezcan las sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios, llamadas SAGEP.
