La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) denuncia la «tergiversación del objeto del juicio» por la consulta independentista del 9N contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. La APM dice que el juicio no se trata «como interesadamente se ha repetido una y otra vez, ni un juicio a la democracia ni un juicio para poner las urnas el 9N de 2014, sino la acusación por desobediencia a las decisiones del Tribunal Constitucional y por prevaricación administrativa».
Los jueces denuncian que las concentraciones convocadas por las entidades independentistas ante el Palacio de Justicia son un «intento de deslegitimar la actuación del Poder Judicial con carácter previo a la adopción de su decisión afirmando en los medios de comunicación y en las redes sociales que se trata de un ‘juicio político’, de un ‘juicio a la democracia’ o de un ‘juicio franquista auspiciado por un GALO político'».
La asociación de jueces también critica que la Generalitat de Cataluña ha usado su «posición de preeminencia en relación a los trabajadores públicos» que dependen del gobierno catalán para pedir públicamente su asistencia a estas concentraciones
También la Unión Progresista de Fiscales (UPF) se ha quejado de la convocatoria hecha por las entidades independentistas para apoyar a los acusados en el juicio por el 9N ante las puertas del Tribunal de Justicia de Cataluña. En Twitter, la UPF ha publicado este texto: «separación de poderes: Algo falla cuando está mal rodear un Parlamento autonómico pero bien rodear el Tribunal Superior de Justicia».
